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• El 30 de junio de 2016, el Presidente Obama firmó la ley de Supervisión, Manejo y Estabilidad Económica para Puerto Rico (mejor conocida por sus siglas en inglés como PROMESA).
• La Sección 1010 de PROMESA creó la Junta de Supervisión Fiscal con 7 miembros designados por el Presidente de Estados Unidos por un término renovable de 3 años.
La Junta tiene poderes plenarios sobre la administración de la Isla y ni el Gobernador ni la Legislatura pueden ejercer control sobre la Junta. Su responsabilidad es certificar y velar porque se cumpla un Plan Fiscal y un Presupuesto balanceado del Gobierno para que la Isla pueda regresar a los mercados financieros.
La pregunta es: ¿cómo se va a lograr esto?
Un presupuesto fiscal balanceado no rescatará la economía de Puerto Rico de esta recesión económica que ya lleva once años y no logra detener la emigración masiva de sus residentes. Los bonistas quieren recibir su pago, pero sin crecimiento económico no habrá suficientes ingresos para pagar los servicios esenciales que presta el gobierno y el servicio de la deuda a los bonistas.
¿En qué están pensando la Administración, la Junta de PROMESA, los bonistas y el Congreso de Estados Unidos con el caso de Puerto Rico?
¿No se han dado cuenta que necesitamos inversión para generar empleos y detener la emigración de nuestro recurso más valioso: su gente?
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